Columna de opinión por Gustavo Vergara, ingeniero comercial, encargado de Núcleo Economía, Fundación Territorios Colectivos.
Cada vez que me presento, laboral o socialmente y me preguntan ¿qué haces? La respuesta se complica, porque aunque soy ingeniero comercial, no soy el perfil que uno se imagina, porque he estado siempre dentro del mundo de las fundaciones sin fines de lucro, como voluntario y profesional y por ende no soy responsable de la debacle que los economistas han hecho a nuestro modelo económico.
Lamentablemente, los que piensan de esa manera sobre el rol de los economistas no están muy lejos de la verdad. Los que estudiamos economía y negocios somos los principales responsables de haber generado los modelos económicos que han permitido el desarrollo de industrias tóxicas, la depredación del medio ambiente y a su vez la acumulación de riquezas que han llevado la desigualdad hasta lo obsceno. Esto viene, lamentablemente de la formación a la que nos sometemos, por ejemplo, recuerdo muy bien cuando un profesor de “Evaluación de Proyectos”, hombre destacado, parte del directorio de Codelco, explicó que para saber si era rentable o no un proyecto de minería que genera externalidades negativas (eufemismo de los economistas que significa que el proyecto consumía los recursos naturales sin una adecuada compensación, contaminaba las aguas y eliminaba la agricultura que era el sustento de la población local) había que calcular cuánto valía la compensación, ya sea a la población local o la multa que hubiera que pagar, y ¡listo!.
Esta mentalidad omite completamente el drama real de las personas que no tenían otra opción más que reconvertirse a la fuerza laboral de la industria o migrar, ni la pérdida de patrimonio que se generaba al medio ambiente del cual extraían recursos hasta agotarlos. Ese es el mantra de las escuelas de economía, no tienen importancia las pérdidas de los beneficios ambientales, culturales y sociales, solo cuánto va a costar arrasar con ellas. Esta desconexión y frialdad de perspectiva, casi al borde de la crueldad de los economistas y por extensión a otros grupos de profesionales, es consecuencia de una formación profesional estrictamente ceñida al modelo económico que ha perseguido la mayor parte del mundo. Este modelo de crecimiento económico se mide en acumulación de riquezas a través del Producto Interno Bruto o PIB (que es la suma del valor de todos los bienes y servicios producidos por un país en un año). Según este indicador, la forma más eficiente de lograr el tan anhelado desarrollo o bienestar social, es a través del capitalismo de libre mercado, de este modo, en toda actividad terminan imponiéndose los criterios de mercado, todo termina siendo una competencia y se debe perseguir frenéticamente el más mínimo porcentaje de crecimiento extra de la economía a cualquier costo. Así, progresivamente, bajo la idea de acumular riqueza en pos de un supuesto bienestar, el modelo económico va imponiendo una especie de mandamiento: que el estado debe dejar al mercado lo más libre posible.
Para los creyentes del libre mercado, la profecía dice que cada vez que el estado interviene para regular, invertir o producir, genera distorsiones y desequilibrios de mercado y se vuelve ineficiente, desincentiva a los grandes empresarios de invertir en el país y por ende se reduce el empleo empobreciendo a sus ciudadanos. Esta ideología lamentablemente no funciona de esa manera, porque para que se cumpla se deben dar condiciones específicas, como, por ejemplo, que no existan barreras a la entrada ni salida de los mercados, que no existan acumulaciones de poder en la oferta o la demanda, que exista libre acceso a la información, mercados de insumos, trabajo y capitales sanos, fluidos y sin distorsiones y otro montón de supuestos que en la realidad nunca se dan.
Desde la perspectiva de la reactivación económica, es muy probable que los amantes del modelo económico neoliberal traten de establecer esas condiciones que nunca se dan, pero su búsqueda desenfrenada perjudica a los ecosistemas e impacta gravemente a la equidad social por las altas tasa de acumulación en pocas manos. Es aquí donde cobra relevancia el rol del estado, pues es el único capacitado para intervenir y regular al mercado velando por la prosperidad de sus ciudadanos, definiendo un proyecto país más ambicioso que sólo acumular riquezas, el que genere oportunidades de inversión rentables y sostenibles, empleos dignos, garantice el respeto por los derechos humanos y reduzcan las pérdidas de biodiversidad y promuevan la recuperación de la naturaleza.
Lamentablemente, desde hace 40 años que el experimento neoliberal controla y se incrusta en la constitución imponiendo así sus términos a todos los aspectos de la sociedad. Esto ha llevado al extremo el desmantelamiento de las estructuras del estado, a la par de crear un marco regulatorio demasiado ventajoso para las empresas y en contra del sentido común, privatizando los derechos humanos como el acceso al agua, la salud, la educación, a una vivienda digna y una vejez tranquila, dejando a la vida misma a merced del mercado. Tan naturalizado tenemos el neoliberalismo como forma de vivir y relacionarnos que incluso un cálculo realizado por la Fundación Sol arrojó que los recursos puestos en circulación resultantes del primer y segundo retiro de fondos de las AFP serán siete veces mayores que las transferencias directas entregadas por el Gobierno y seguimos sin contar con la ayuda universal a una pandemia que no hace distinción y que afecta profundamente a quienes tienen menos capacidad de hacer frente a las medidas necesarias para salir de ella.
Lamentablemente, incluso con todo lo que ha revelado la pandemia, la propuesta de reactivación económica del gobierno sigue replicando la lógica neoliberal, mencionando, sin mayores detalles, el priorizar la inversión pública con énfasis “verde” siendo esto lo único anunciado acerca de inversiones públicas para reactivar la economía y sin ningún atisbo de un plan de desarrollo sostenible o transformador, considerando el impacto de las restricciones sanitarias.
Un ejemplo concreto ha sido el fracaso del FOGAPE, que en la práctica no ha entregado recursos a la gran mayoría de las PYMES, pero si financió a los bancos de manera indirecta. En la misma vereda, el gobierno si dedica mayores esfuerzos para el rescate de los grandes empresarios al plantear la agilización regulatoria y reducir los plazos para la evaluación ambiental de proyectos de inversión. Lo que se traduce en una propuesta de reforma al SEIA que prioriza la rapidez de la tramitación por sobre la calidad de las decisiones, que no respeta la diversidad de los territorios y que reduce las voces de los afectados, permitiendo aprobar proyectos basados en la misma lógica extractivista neoliberal. Adicionalmente, también se plantea apoyar a empresas estratégicas sin definir cuáles son ni cómo serán apoyadas, pero si adelanta otorgar garantía estatal parcial para grandes empresas en la emisión de bonos u obtención de créditos. La consecuencia de eso es mayores facilidades de endeudamiento a las grandes empresas en vez de reenfocar la economía en apoyar con transferencias directas al comercio minoritario, para generar mayor empleo descentralizadamente y competitividad al reducir la concentración de poder, atomización de los centros de producción y reducción en la cadena de abastecimiento.
Tenemos tan arraigado el entender nuestro país y su futuro desde la maximización de utilidades en el corto plazo que, al ser consultado el ministro de economía Lucas Palacios sobre este nuevo posible súper ciclo en el valor del cobre, similar al vivido en la segunda mitad de la década pasada, señaló que, “si bien debemos ser cautelosos, todas las señales muestran que en el futuro vendrá una apuesta fuerte por la electro movilidad”, la que es intensiva en el uso del cobre, sin embargo, aseguró también que “no era necesario invertir para avanzar en la elaboración de productos y tecnología de nuestra mayor exportación, pues tenemos ventajas comparativas en la extracción del mineral” dejando clara la intención de continuar centrando nuestros esfuerzos de modo extractivista, mostrando muy poca visión de largo plazo en el desarrollo de la principal industria nacional. Vale recordar que, así como el primer súper ciclo del cobre logro la reducción del déficit fiscal y permitió enfrentar con políticas contra cíclicas las crisis financieras que siguieron, este súper ciclo del cobre podría impulsar a la industria chilena a agregar valor a la extracción de los recursos patrimoniales con el horizonte de posicionarnos como un desarrollador de tecnología impulsando la capacitación de mano de obra técnica y profesional, además del desarrollo de todo un nuevo ecosistema de industrias asociadas como una fuerte señal hacia una reactivación diferente.
La reactivación económica, no será lo que esperamos si no consideramos el rol del proceso constituyente. Los cambios que debemos orientar a través de nuestra carta magna, deben apuntar a abandonar el modelo exclusivo de acumulación de riquezas y ser el Estado un actor clave en regular el mercado para equilibrar las distorsiones económicas y así evitar la concentración de poder y la colusión. Debemos avanzar también en mejorar los niveles de probidad, en relación al financiamiento irregular de la política, el desequilibrio de poder en contra de los trabajadores y las exenciones tributarias a gremios específicos.
Finalmente, el Estado, deberá asumir un rol de protección social, de proveer bienes y servicios suficientes y dignos a aquellos que no son el público objetivo del mercado y van quedando afuera. No cabe duda que las crisis social y sanitaria han debelado que lo producido en la economía no se está traduciendo en bienestar, por tal razón, es de suma relevancia considerar las propuestas y recomendaciones para una verdadera reactivación transformadora y sostenible y no quedarnos con la formación que se nos ha dado y fortalecer un modelo económico que sólo no ha traído mayor bienestar, sino que ha profundizado la desigualdad.
